Una historia repetida

MIERCOLES 2 de Abril de 2008 - ENVIAR POR E-MAIL

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Justicia Una historia repetida

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Por Adrián Ventura

En el conflicto entre el Gobierno y el campo hubo ausencia: la Justicia. El dato es peculiar, porque las retenciones son derechos de exportación y hay muchos motivos para sostener que son inconstitucionales: La Constitución dice que sólo el Congreso puede establecer esos impuestos. Es cierto que el artículo 755 del Código Aduanero delegó esa atribución del Congreso en el Poder Ejecutivo y, en 1992, éste la delegó a su vez en el Ministerio de Economía. Pero lo que buscó el Código Aduanero fue darle al Gobierno cierto margen de flexibilidad en la política monetaria, fiscal o productiva; nunca lo autorizó a establecer modificaciones sustanciales en la política tributaria. Además, la Constitución, desde la reforma de 1994, sólo autoriza al Congreso a delegar atribuciones en el Poder Ejecutivo por motivos de emergencia o administración y dentro del marco que determine una ley que establezca ciertos parámetros. Nada de esto ocurrió. Las retenciones se cobran sobre el precio de venta del producto (soja) y, en sí mismas, son confiscatorias. Pero el productor también debe pagar, sobre su rentabilidad, impuesto a las ganancias. Entonces, si el productor está en condiciones de probar que la suma de ambos impuestos es confiscatoria, quizá tenga éxito en un planteo judicial. La devolución de compensaciones no lo coloca en mejor situación, porque primero tiene que pagar y luego recibir, quizás, el reintegro. La Argentina perdió el rumbo del sistema constitucional occidental: la intervención del Congreso está prevista para que la sociedad se entere de los debates y participe. En cambio, nuestros gobiernos toman medidas unilaterales, sin debate, dictando decretos delegados o de necesidad y urgencia que se firman entre cuatro paredes. Nunca más que hoy el resultado está a la vista. Quizá la Justicia -hay varias causas pendientes- podría haber hecho lugar a una medida cautelar y suspender, transitoriamente y por 30 días, el cobro del tributo. Esa hubiese sido una excusa elegante para permitir que el Gobierno y el campo se sentasen a negociar, en lugar de llevar las cosas al extremo donde llegaron. "Piensen como parte de un país, no como propietarios", dijo anteayer, en su discurso en el Salón Blanco, la presidenta Cristina Kirchner. En el siglo XX casi todos los mandatarios pidieron a los argentinos que cedieran algo de sus derechos. Los gobiernos reclamaron a los ciudadanos que, para salvar el bien común, cada uno de ellos debía aceptar precios máximos a los alquileres; topes a los intereses de las hipotecas, precios máximos al ganado; tolerar ahorros forzosos o la indisponibilidad transitoria de sus depósitos bancarios, por citar tan sólo algunos sacrificios que tuvieron que soportar distintos sectores, a lo largo de la historia. Las excusas siempre fueron la emergencia, el bienestar general o la redistribución de la riqueza. Pero, en realidad, esas palabras sólo pretenden hacer más digerible el manotazo oficial en el bolsillo ciudadano. El bien común no es un bien colectivo, un dios superior a todos los individuos, sino la suma de todos los bienes individuales. Si no se respetan los derechos de cada uno, no hay bien común posible. aventura@lanacion.com.ar

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